Interesantísima la carta que D. Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española ha remitido al Ministro de Justicia D. Alberto Ruiz Gallardón con motivo del reciente incremento de las tasas judiciales.
Como leemos en abogados.es, el presidente ha manifestado su rechazo «enérgico» al Anteproyecto de revisión de las tasas judiciales, aprobado en el Consejo de Ministros del pasado viernes, que se destinarán «a sufragar los gastos de la Justicia Gratuita». El malestar de la Abogacía proviene, no solo «por no habérsenos dado traslado del citado Anteproyecto, a pesar de tus constantes declaraciones de que se tendría en cuenta, en todo momento, el parecer de la Abogacía, sino sobre todo por las declaraciones realizadas desde el Ministerio para justificar la norma».
Para la Abogacía, «no es admisible incorporar en nuestro Estado de Derecho una balanza en la que se coloque en un platillo el derecho fundamental a la Defensa y en el otro el pago de una tasa. El derecho a la Defensa, fundamental y de relevancia constitucional, resulta imprescindible para la pervivencia del Estado de Derecho y las tasas no pueden oponerse como recurso necesario para pagar a los abogados que prestan el servicio de Justicia Gratuita. Esto es enfrentar a los ciudadanos con la Abogacía de forma injusta«.
Además, el presidente del CGAE expresa en la carta al ministro que «se introduce un criterio peligroso sobre el coste social de la Justicia Gratuita, el último recurso para hacer valer sus derechos fundamentales de quienes no tienen, en muchos casos, ni trabajo, ni medios, ni esperanza».
«El gasto en Justicia Gratuita es una inversión en paz social y su regulación puede ser mejorada, nos hemos ofrecido al diálogo reiteradamente, pero no debería ser presentado como excesivo. No lo es porque apenas representa un 6,5 por ciento del gasto en Justicia y porque afecta al corazón del Estado de Derecho y debería ser financiado desde los Presupuestos, como está legalmente establecido, y no desde tasas especiales», añade.
La Abogacía se muestra especialmente preocupada por las manifestaciones del Ministerio sobre esta revisión de tasas, en las que aseguró que su objetivo era «evitar el exceso de litigiosidad», y que «cualquier ciudadano que litiga ante los Tribunales tiene que pagar su abogado y al procurador. Nadie considera que ese coste sea una barrera para el acceso a la Justicia y es un importe muy superior a estas tasas».
Desde el CGAE se reitera que la forma de evitar la litigiosidad no es poner barreras, en forma de tasas, para acceder a la Justicia. «Los ciudadanos tienen derecho a acudir a los Tribunales en defensa de sus legítimos derechos, intereses y pretensiones, tal y como reconoce nuestra Constitución, y no puede impedirse ese acceso por medio de un sistema de tasas que, en definitiva, perjudica a quienes tienen menos medios económicos«. Según expresa Carnicer en la carta remitida al ministro, «nos parece bien que se busquen fórmulas para evitar acudir a los tribunales y aumentar las vías de solución extrajudicial de los conflictos (como ya sabes, casi el 50% de los conflictos no se judicializan pues se solucionan en los despachos de los abogados), pero no a base de poner trabas de carácter económico. Avancemos en la búsqueda de soluciones para nuestra Administración de Justicia, tarea para la que, una vez más, te ofrezco la colaboración leal de toda la Abogacía».
Lo que no comparte en absoluto la Abogacía es el argumento de que «pagar al abogado no se considera una barrera para acceder a la Justicia y que el importe de los honorarios de los abogados es muy superior a las tasas que se van a fijar», ya que, «en una situación como la actual, de enorme dificultad para todos y de forma especial para los profesionales liberales, que dependemos de nuestros clientes, no resulta justo ni tolerable argumentar que pagar estas tasas no tiene importancia a la vista de lo que cobran los abogados». De hecho, «los ciudadanos, en los diferentes estudios sociológicos realizados por nosotros, no se quejan de nuestros honorarios. Sí lo hacen de la carencia de medios, la lentitud de nuestra Administración de Justicia y la excesiva duración de los procesos. Ahí está el problema y no en si los abogados cobran mucho o poco. Nuestros clientes saben muy bien lo que pagan, por qué lo hacen y están muy conformes con nuestro trabajo. No así con tener que pagar ‘tasas’, con su implantación, con su elevación, ni con su desproporción, que en modo alguno entienden», subraya el presidente del CGAE.
El presidente de la Abogacía, invita al ministro a «reflexionar y evitar realizar manifestaciones, que lo único que provocan es un gran malestar en la sociedad, así como en nuestro colectivo, que se merece el respeto que públicamente dijiste tenerle».
Pueden leer el contenido integro de la carta en el siguiente enlace:
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