Es un coste muy inferior al que costaría conseguir un servicio público de justicia que, al menos, alcanzara la media de calidad de los demás servicios públicos en España.

Además las tres cuartas parte de las reclamaciones se rechazan y prácticamente no se indemnizan los errores judiciales.

El negocio para el erario público es claro. Para los ciudadanos oscuro.