En tiempos de crisis como el que actualmente estamos viviendo, la Administración de Justicia se resiente muy sensiblemente por cuanto el incremento de la morosidad multiplica el trabajo de los juzgados provocando el retraso consabido en las actuaciones y a medio plazo el colapso de muchos de los Juzgados. Es cierto, que determinadas áreas de la Administración de Justicia “políticamente más correctas” son atendidas con mayor “mimo” que otras por los gobiernos nacional y autonómico. Así, la justicia penal tiene una especial atención  y últimamente los juzgados especiales de violencia de género. Por el contrario otras jurisdicciones se encuentran cada vez más colapsadas, como la Contencioso Administrativa (aquella que conoce de los pleitos contra la Administración del Estado) y la justicia Civil (donde se dilucidan principalmente procedimientos de reclamación de cantidad).

Cada vez es más frecuente encontrarnos con Juzgados que tardan hasta seis meses en iniciar la tramitación del pleito y dos años en culminarlo. Cada vez, nos parece más normal que esto ocurra, y por desgracia, cada vez nos estamos encontrando más resoluciones de los juzgados que  inadmiten procedimientos judiciales de forma caprichosa o con interpretaciones “torticeras y sesgadas” al objeto de irse quitando procedimientos de su acervo, lo que obliga a iniciar una maquinaria de recursos que lo único que consigue es colapsar aún más la ya deteriorada situación de los mismos. Es importante que de una vez por todas se acometa una modificación de los procedimientos, que dé, adecuada respuesta a los acreedores de deudas civiles, al objeto de que los clientes no tengan que escuchar de nosotros mismos que el recobro de su deuda se puede alargar años, pero… incluso que el aseguramiento de la misma (embargo) puede tardar meses en producirse, cuando la Ley establece en muchos casos la inmediatez de los mismos. Puede ser políticamente correcto que los fondos públicos (siempre escasos) se destinen a otras necesidades más inminentes de la administración de justicia, puesto que el Gobierno es conocedor que más del 80% de las reclamaciones de cantidad provienen del sector financiero y precisamente este es un sector que debe soportar la espera con mayor comodidad que otros, pero no olvidemos que hay otros operadores del comercio que se ven impedidos a cobrar sus créditos por el abandono de la jurisdicción civil. Por otra parte y aunque no sea “políticamente correcto”, no debemos olvidar que los incrementos galopantes de la morosidad en el sector financiero ((mucho de ello provocados por la lentitud de la justicia) finalmente inciden en nuestro desarrollo económico, pues un sector financiero “lastrado” provoca una retracción en la concesión de prestamos y sin ellos  el consumo no puede mantenerse. Ejemplo de esta situación hemos tenido en los dos años pasados. Fdo. Rafael Lamet Dornaleteche