Damos cuenta de una interesante sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2019 en materia de medios de prueba y validez de los mismo.
La Administración debe declarar de oficio la caducidad de un procedimiento y archivar las actuaciones del mismo si quiere que la información y documentación obtenida en el mismo tenga eficacia en otros procedimientos iniciados o que puedan iniciarse.
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