El ejercicio del poder normativo de las Comunidades Autónomas sobre los tributos cedidos, en especial en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, está creando alarma social al originar situaciones muy desiguales entre los contribuyentes según residan en una u otra Comunidad.

¿Está justificada esta desigualdad?

La justificación, a nuestro juicio, ha de encontrarse en el propio concepto de autonomía.

Pero esta justificación a su vez ha de tener un motivo financiero. Es decir ha de justificarse por el gasto público de cada Comunidad en orden a prestar más o mejores servicios públicos o en orden a conseguir una mayor redistribución de la renta.

No parece que sea el caso.