«El PSOE pide auditar la amnistía fiscal para detectar corruptos»

Expansión lunes 3 de noviembre de 2014, página 29.

¿Conoce Don Pedro Sánchez el principio de confianza legítima?

A la luz de su propuesta parece que no, sin perjuicio de que sea un principio esencial en las relaciones entre el Estado y los ciudadanos.

Y parece que no porque si lo conociera no haría o no debería hacer la propuesta hecha.

La amnistía fiscal que no es tal sino una regularización fiscal parcial «low cost» no resiste el más mínimo juicio ético además de ser una chapuza tal como fue articulada, pero la articuló el Estado, es decir fue legal, ante su incapacidad para controlar el fraude fiscal y por sus necesidades recaudatorias.

Si así fueron las cosas la propuesta de Don Pedro Sánchez por muy legal que sea quiebra el principio de confianza legítima porque es lógico pensar que si el amnistiado se acoge a la amnistía sacando bandera blanca ante la invitación de rendición, con condiciones, del Estado, haya considerado que el Estado no le va a disparar después.

Pero claro está que incentiva más el voto proponer lo que se propone que ser respetuoso con el principio de confianza legítima en relación con un asunto tan poco ético como legal.

«Sánchez propone que defraudar 50.000 euros sea delito fiscal»

El País, miércoles 5 de noviembre de 2014.

¿Y por qué no 5.000 euros?

¿Y por qué no convertimos cualquier infracción tributaria en delito de defraudación?

¿Y qué más da que las causas por delito de defraudación tributaria duren no seis o siete años como ahora sino veinte o treinta al ser muchas más?

¿Y qué más da que no haya jueces ni fiscales suficientes ni suficientemente preparados para su enjuiciamiento?

¿Y qué más da que el delito de defraudación tributaria sea un instrumento al servicio de la Administración Tributaria para su uso conforme a su libre albedrío y que las instrucciones penales no las lleven a cabo, realmente, ni los fiscales ni los jueces, sino las propias Administraciones Tributarias y en particular la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y más en particular aún la Inspección Tributaria?

¿No sabe todo esto Don Pedro Sánchez?

¿O es que sólo se trata de buscar votos?

«La imputación penal como condena.

Con algún conocimiento jurídico elemental a la mano cuesta escuchar lo que se viene sosteniendo «urbi et orbi». En definitiva que la imputación es una condena o la antesala de una condena.

Ni una cosa ni la otra es verdad. La primera porque es obvio que no es así y la segunda porque soslaya el principio de presunción de inocencia que tal vez sea el principio jurídico más importante en un Estado de Derecho y en definitiva el principio más importante para cualquier ciudadano.

Pero estamos en tiempos de desprecio del derecho y de sus valores más elementales.

«El Supremo impide que el Fisco recabe datos masivos de inmuebles»

Expansión, miércoles 12 de noviembre de 2014.

La Agencia Tributaria había solicitado a las sociedades de tasación inmobiliaria que les remitieran todas las tasaciones inmobiliarias realizadas.

El Tribunal Supremo lo ha rechazado al considerar que tales tasaciones no tienen porqué tener siempre trascendencia tributaria aunque un magistrado discrepa del fallo con un voto particular por considerar que potencialmente lo pueden tener.

Unos magistrados y este otro tienen razón pero entre el fallo y el voto particular se dibuja la frontera entre el Estado no policial y el policial. Después, tal vez, entre la libertad y el totalitarismo.

Por ello, bienvenido sea el fallo.