Los medios de comunicación atizados por la Asociación de Inspectores de Hacienda han sacado en estos últimos días a la luz una vieja cuestión: los Inspectores de Hacienda que más deuda tributaria descubran y más sanciones impongan serán los mejor considerados y los que más cobren. En definitiva, su trabajo será el de mayor calidad a los ojos de nuestra Agencia Tributaria. A lo que parece, una circular interna de la Agencia de 14 de enero ha avivado el fuego del llamado incentivo de productividad. Ha de tenerse en cuenta que la Inspección desarrolla su trabajo, generalmente, bajo un programa determinado llamado plan de inspección. Es decir, ha de comprobar la situación tributaria de determinados contribuyentes. Así las cosas, bien puede suceder que haya contribuyentes a los que pocos reproches se le puedan hacer en el cumplimiento de sus obligaciones  tributarias y haya otros a los que muchos tirones de oreja se le hayan de dar.

 

Fácil es pensar que difícil será que unos y otros anden entremezclados en la misma proporción en el plan de cada inspector. Si las cosas son así, que probablemente lo sean, medir la calidad y la intensidad del trabajo de esos inspectores por las deudas descubiertas y liquidadas y las sanciones impuestas no parece razonable. Vamos, es como querer que los toreros  corten los mismos trofeos con un toro bueno o malo o en una plaza  de primera o de tercera. O que todos los equipos de fútbol ganen la liga por muy distintas que sean  las plantillas de unos y otros. Y perdón a los contribuyentes por la comparación. Que no sea razonable este modo de proceder de nuestra Administración Tributaria no quiere decir que no sea comprensible puesto  que su objetivo es alcanzar la mayor recaudación posible. Pero el problema  es que a la Agencia Tributaria no le es dable actuar  como, digamos, a Don Vito Corleone. En definitiva, que no puede quedarse  sólo con  la eficacia. Si así fuera tal vez mucho más oportuno  sería sustituir a los inspectores por bandas de mafiosos que bien abundantes y variopintas cabe encontrarlas en nuestro ancho mundo. El problema para la Agencia es que además  de a la eficacia ha de atender al derecho. Y el problema para la Agencia acaba siendo el problema del contribuyente. Pues bien puede suceder, y a fe que sucede y con más frecuencia de la debida, conforme a lo que estos ojos ven y estos oídos oyen, que el derecho quede  soslayado  por la eficacia y se liquiden deudas que no existen o no existen en la cuantía en que se liquidan y se impongan sanciones que no se deben imponer con el derecho y sus reglas, sustantivas y procedimentales, en la mano. El derecho, por suerte o por desgracia o por ambas cosas, no es una ciencia exacta. Como con frecuencia les digo a mis amigos ingenieros, un metro en el derecho no siempre es un metro a diferencia de lo que ocurre en el ámbito de la ingeniería. El derecho siempre deja un margen de maniobra. O casi siempre. Y para andar por ese margen como es debido sólo cabe una guía: la racionalidad y la mesura. ¿Es posible la racionalidad y mesura cuando al que ha de tenerla es empujado a elegir la opción más recaudatoria? El problema se acrecienta y mucho porque creado el problema, es decir, la deuda y la sanción, el contribuyente ya ha de ir por fuerza a la defensiva. Y con muchos gastos y pocas esperanzas. Gastos porque  las deudas o se pagan o se garantizan si se recurren. E incluso  se han de garantizar las sanciones cuando se llegue a los Tribunales de Justicia conforme al parecer, a nuestro modo de ver erróneo,  de bastantes de los mismos. Y porque el contribuyente habrá de recurrir  a algún profesional que lo defienda. ¡Que tenga suerte en la elección! Las esperanzas, de otra parte,  son pocas y no exageramos  visto lo visto y hoy por hoy. El contribuyente ha de pasar  en primer lugar por unos Tribunales  llamados Económico-Administrativos que tienen más de Administración que de Tribunal. Y ya se pueden Vds. imaginar lo que eso significa para el éxito de su reclamación. Y después de pasar por ellos  tendrá que ir, salvo que tenga éxito, claro está, a los Tribunales de Justicia del Orden Contencioso-Administrativo que ya son Tribunales pero en donde no  abunda el tiempo, ni los medios, ni algunas veces los conocimientos, para dictar una resolución bien fundada en derecho. Y desde luego  el camino a recorrer  no será breve  sino largo, muy largo. Que los damnificados por estas prácticas sean sobre todo los contribuyentes no quita que también lo sean los propios inspectores. No tanto, tal vez, por cobrar algo más o algo menos sino por el atentado a su dignidad  profesional que estas prácticas suponen.

Antonio Delgado González