1.- Rebelión en la Agencia Tributaria contra el salario variable por objetivos.
Expansión, 12 de marzo de 2015.
El salario variable tiene como fin, según se nos dice, incrementar todo lo posible la recaudación (como siempre, por lo demás).
En suma la potestad de comprobación se pone al servicio de la recaudación (como suele suceder).
Esta no es la finalidad de la potestad de comprobación sino comprobar (o investigar) si lo declarado y autoliquidado por el contribuyente es conforme a derecho o no o si no se ha declarado o autoliquidado lo que conforme a derecho se debería de haber hecho. Por ello este salario variable incurre en desviación de poder.
2.- El antiguo bufete de Montoro facturó dos millones a una empresa pública.
El País, 19 de marzo de 2015.
Según Antonio Beteta, actual Secretario de Estado, «es normal que la gente venga a ofrecer sus servicios».
Pues bien en contra de lo manifestado por D. Antonio, no es normal que la «gente» venga a ofrecer sus servicios a las Administraciones Públicas y menos normal es que quién le reciba sea el Consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, entonces, Antonio Beteta.
Lo sucedido sólo tiene un nombre: «tráfico de influencias».
3.- El PSOE reprueba a Montoro por el uso político de hacienda.
El País, 19 de marzo de 2015.
El motivo de la reprobación es también político pero la reprobación está fundamentada.
El uso de potestades administrativas para fines ajenos a ellas es desviación de poder.
4.- Independencia judicial, «idus » de marzo.
Andrés Betancor. Expansión, 17 de marzo de 2015.
Dice, D. Andrés, que «Faltan medios. Faltan jueces. Falta la reforma del procedimiento».
Pero falta algo muchísimo más importante, el reconocimiento ciudadano.
¿No falta, además y sobre todo, una mejor organización de los medios que hay, un mayor sentido de su función por los que han de impartir justicia, y más trabajo de los mismos?
5.- Obstrucción tributaria.
El País, 19 de marzo de 2015.
«La falta de colaboración de Hacienda con Ruz exige que el ministro se explique en el Congreso».
Extraño caso, tanto en el comportamiento del Juez Ruz como en el del Ministerio de Hacienda.
Extraño porque extraño es que un juez pida un informe a Hacienda sobre la posible comisión de un delito de defraudación tributaria predeterminando parte de los criterios de derecho tributario que aquél ha de contener.
Y extraño es que el Ministerio de Hacienda (Agencia Tributaria) discuta los criterios predeterminados por el Juez y no se circunscriba a lo que le piden.
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